En las décadas del setenta y del ochenta, se multiplicaron los impactos socio-ambientales de las actividades petroleras, reflejando una crisis de la modernidad, caracterizada por una crisis ecológica, una crisis de la deuda, una crisis de gobernabilidad y una creciente dependencia de los países amazónicos hacia los hidrocarburos. Mientras tanto, se operó una convergencia entre los movimientos transnacionales ecologistas e indígenas, amparados en el derecho internacional, que culminó con la Cumbre de la Tierra en junio de 1992. Producto de estas tendencias, la multiplicación de los conflictos socio-ambientales en la década del noventa llevó a redefinir el papel de los actores (empresas, Estado, pueblos indígenas y ONG ecologistas) y ha obligado a armonizar las políticas públicas petrolera, ambiental e indigenista. En |